A principios de este año, el Banco de México introdujo una nueva ley que obligaba a las empresas emergentes mexicanas de blockchain a solicitar una licencia de operaciones dentro del país .
La razón por la cual las empresas emergentes tuvieron que postularse se debió a la afiliación de la cadena de bloques con las finanzas, lo que las clasificó como proveedores de servicios financieros.
Sin embargo, la ley no se había implementado completamente hasta hace poco cuando comenzaron a llegar informes de los medios de comunicación mexicanos sobre algunas empresas emergentes de blockchain que podrían, en última instancia, detener sus operaciones.
La licencia tiene múltiples costos, ya que se solicita una compensación monetaria junto con expertos que garantizarán el cumplimiento de la startup.
Puede que esto suene duro ahora, pero no olvidemos que la versión anterior de la regulación de criptomonedas prácticamente prohibía permanentemente la gestión, el intercambio y la venta de criptomonedas por parte de startups locales. Solicitar una licencia era básicamente una puerta de entrada para la mayoría de los emprendedores, pero lamentablemente no todos contaban con la financiación necesaria.
Afortunadamente, hay varias autoridades mexicanas que se oponen directamente a los nuevos requisitos, afirmando que el estándar es demasiado alto y podría potencialmente introducir un monopolio por parte de corporaciones ya establecidas en jurisdicciones offshore.
No es de sorprender que las autoridades mexicanas pidan el dominio de empresas mexicanas y no extranjeras en su territorio.
Regulación de criptomonedas en México